El artículo 9.2 de la Constitución española dispone lo siguiente “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
Siendo este un precepto básico en nuestro sistema de derechos fundamentales, es especialmente relevante como eje central en los derechos de las personas con discapacidad. Los poderes públicos deben asegurar la efectividad del ejercicio de los derechos asumiendo un papel activo para crear condiciones que lo hagan posible. Es un reto que tienen por delante, pero es su obligación
Los discapacitados, se enfrentan a un entorno con barreras en el que la concepción del mismo no está pensado para ellos, y en el campo de la seguridad vial se hace patente.
La seguridad vial definida por algún sector como un derecho a la vida, tiene como finalidad la prevención a sufrir un accidente de tráfico. Y en algunos casos de discapacidad, esto de momento casi es imposible.
Muchos de nuestros discapacitados no cuentan con sistemas de seguridad adecuados y los mismos pueden ser mortales en caso de accidente.
Así ocurre en España, como en el resto de Europa, no existen sistemas de retención adecuados para ellos, y los que hay, no protegen. Pueden ser extremadamente peligrosos en caso de colisión o simple frenada. La normativa se limita a eximir a de sanción administrativa a los que por razones médicas no puedan hacer uso del cinturón de seguridad en sus desplazamientos. Es obvio que no es suficiente.
Por ello me parece destacable la iniciativa de Bartolomé Vargas, Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial que se ha referido a los discapacitados como los grandes olvidados de la Seguridad Vial. Ha destacado que es necesario que los mismos dejen de viajar como lo hacen, algunos de ellos en “artefactos caseros” desarrollados por la “pericia” y mimo de los padres.
La Fiscalía General del Estado ha firmado un convenio con la Asociación de Huesos de Cristal de España (AHUCE), la asociación madrileña de esta misma dolencia y con la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).
Este Convenio va encaminado al inicio del estudio de la normativa de países que tienen sistemas de retención adaptados a las peculiaridades de estos pasajeros. (Así sucede en Canadá, Australia y Estados Unidos), y, trasladarla a Europa e impulsar la investigación en este sector.
Propone también la posibilidad de crear un distintivo “pasajero frágil “para el automóvil en el que viajen personas con discapacidades como la osteogénesis imperfecta (Huesos de cristal).
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Juana Carretero, Tutora del Máster en Tráfico, Movilidad y Seguridad Vial
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