Siempre que se establece un acuerdo de libre comercio como CETA (sea entre dos o más países) su incidencia en el entorno es innegable.
Esto implica regulación en aspectos tan vinculantes como son la propiedad intelectual, la biodiversidad y la soberanía alimentaria, respecto al asunto de las patentes tanto vegetales como animales.
El comercio y sus implicaciones en el medio ambiente
Destaca la reunión ministerial del GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) en abril de 1994 como la que marca el inicio de un debate abierto sobre los aspectos asociados con el tema comercio-medio ambiente y sus implicaciones para el sistema comercial multilateral.
Con la pregunta, ¿hasta qué punto es compatible una normativa que reglamente un desarrollo sostenible armónico y eficiente con una normativa comercial multilateral que esté basada en la liberalización y en la no discriminación del comercio?
Los Estados miembros de la Organización, como la UE, tienen derecho o potestad de adoptar medidas para proteger el medio ambiente, tanto a través de su normatividad interna, como a través de la aplicación de compromisos acordados en tratados internacionales.
Lo mencionado anteriormente deja otro interrogante, ¿cuál sería el grado de aplicabilidad y primacía de una norma nacional o internacional ambiental e incluso supranacional como las disposiciones comunitarias de la UE frente a una norma comercial multilateral como las de la OMC?
Hay dos culturas políticas, una de comercio y otra del medio ambiente, con formas de proceder muy diferentes, pero una no debería obstaculizar a la otra.
Los procesos internacionales necesitan adoptar más transparencia y participación, no sólo en materia ambiental, sino también en la amplia manera en que la interdependencia económica internacional es administrada, ya que cada vez se toman mayor número de decisiones que afectan a firmas, ciudadanos y otros grupos a nivel internacional.
Es preciso que los defensores del área social y ambiental participen en la construcción de políticas comerciales, en lugar de estar limitados a responder ante estas, teniendo presente que el objetivo principal no es el libre comercio como fin en sí, sino que tengamos un planeta sustentable y sano.
La historia del CETA
La UE y Canadá finalmente han firmado, tras 7 años de negociaciones, un ambicioso tratado comercial, conocido por sus siglas en inglés como CETA.
El tratado supondría la práctica eliminación de los aranceles entre ambas potencias para facilitar el intercambio comercial de bienes y servicios, repercutiendo positivamente en el PIB y previendo un crecimiento del empleo en relación a las pymes, que en el caso de España suponen alrededor de dos tercios de las empresas exportadoras, así como de la inversión entre ambas potencias.
¿Qué supone el acuerdo CETA?
El CETA supone el mayor acuerdo económico bilateral negociado actualmente por la UE, y tiene su origen en un estudio solicitado en 2007 a raíz de una cumbre con Canadá, para evaluar los potenciales beneficios de la cooperación económica entre ambas partes.
En octubre de 2008, se reveló un informe titulado «La evaluación de los costos y beneficios de una asociación económica más estrecha entre la UE y Canadá», en el que se apostaba por la creación de una zona trasatlántica de libre comercio, en la que ambas zonas se verían beneficiadas con la liberalización de servicios, la eliminación de tarifas y reducción de las barreras no arancelarias; y en el año siguiente, comenzó el proceso negociador.
A pesar de que la Comisión Europea era partidaria de que dicho tratado pasase únicamente por el Parlamento europeo y el Consejo, finalmente habrá de ser ratificado por los parlamentos nacionales de los 28, para su definitiva aprobación.
Mayor actividad comercial y de inversión UE-Canadá
Los impulsores del tratado, grandes lobbies corporativos en colaboración con la Comisión Europea, afirman que la retirada de los aranceles aumentará la competitividad en las pymes, al verse éstas en igualdad de condiciones con exportadores de otros países con los que Canadá ya tiene acuerdo, beneficiando económicamente a sectores industriales como el automovilístico, textiles y calzado, productos en conserva, lácteos… y suponiendo un ahorro de cerca de 500 millones de euros al año.
Beneficios del acuerdo CETA
- Se ofrecerán oportunidades a las empresas europeas para presentarse a licitaciones canadienses.
- El acceso a los mercados y servicios de inversión en el país.
- Facilitará desplazamientos temporales de ejecutivos de empresas y proveedores de servicios.
- Convalidará títulos universitarios y profesionales facilitando la expatriación de trabajadores europeos a Canadá.
- Contribuirá a poner fin a las reproducciones ilegales de las innovaciones, obras de arte, marcas comerciales y alimentos tradicionales europeos en Canadá.
- Incrementará la cooperación entre los organismos de normalización de ambas potencias.
Estiman un aumento en torno al 20% del comercio con la eliminación del 98% de los aranceles en ambos bloques.
Del mismo modo, sostienen que el CETA creará empleo y que se respetará la normativa europea en ámbitos sensibles como son la seguridad alimentaria y los derechos del trabajador, así como todas las garantías necesarias para que el beneficio económico no suponga menoscabo a la democracia, medio ambiente, salud y seguridad de los consumidores.
La propia Comisión, defiende que, con la apertura de los mercados, la UE, gran productora de alimentos de calidad, se verá beneficiada al poder vender en un mercado de renta alta, con precios que se mantendrían bajos aumentando la oferta a los consumidores.
Asimismo, las pequeñas empresas lo tendrían más sencillo para vender sus productos al mercado canadiense, por el reconocimiento mutuo de ciertos niveles de calidad, en al menos 145 denominaciones de origen.
Por último, los productos canadienses solo podrían importarse y venderse en caso de cumplir plenamente con la normativa, pero el acuerdo no restringe la adopción de disposiciones legislativas, ni en la UE ni en Canadá, en ámbitos de interés público, medio ambiente, salud o seguridad, ni afecta a las restricciones aplicadas por la UE a los OMG (organismos modificados genéticamente).
Una seria amenaza ambiental
Por otro lado, los detractores, que van desde ONG a partidos políticos y plataformas ciudadanas cada vez más numerosas, como Stop TTIP, ponen en duda los datos manejados por la UE y Canadá, afirmando que el PIB aumentaría apenas en un 0,03% y habría una destrucción de cerca de 200.000 puestos de trabajo en toda la UE, además de llevar a la baja los salarios.
La Comisión alega que las pequeñas empresas prosperarían al aumentar la exportación, sin embargo, el 99% de las pymes no exportan más allá del Atlántico, y una competencia desleal con las grandes empresas canadienses podría repercutirlas negativamente.
Desde un punto de vista de impacto sobre el entorno, en materia de seguridad alimentaria, temen que se abra la puerta a graves riesgos, ya que, las normas canadienses son más laxas que las europeas en lo que se refiere a productos hormonados, colorantes, pesticidas o OMGs.
El CETA sería un acuerdo contrario a la lucha contra el cambio climático, dado que el aumento de la actividad comercial a ambos lados del atlántico conlleva irremediablemente un incremento de las emisiones de CO2 y otros GEIs. Además, Canadá es conocida por la extracción de combustibles fósiles y la industria minera, que sin duda saldrían ganando con el tratado, pero poniendo en riesgo la transición a un modelo basado en energías limpias.
Los portales Mine web y Minning, han celebrado la firma del acuerdo, en relación a que supondrá un paso para la introducción de las arenas bituminosas, un tipo de extracción de petróleo en un proceso de minería a cielo abierto, que supone una extensa destrucción de los bosques y un serio peligro de contaminación edáfica y de recursos hídricos aledaños.
Las petroleras canadienses y europeas, destacando a Repsol, han presionado para flexibilizar la Directiva sobre calidad de los combustibles, prevista en un inicio para garantizar la reducción de emisiones de GEIs y cumplir con los niveles de lucha contra el cambio climático.
Junto al lobby minero, la industria agroalimentaria, la de servicios financieros, la farmacéutica o el sector del automóvil también han visitado a la Comisión, para influir en la redacción del tratado.
En el tratado se incluye un capítulo, sobre reglas de contratación pública que obligaría a las administraciones locales a dar a las grandes multinacionales el mismo trato que a las pymes en la compra pública, lo que atenta contra la libertad de organización municipal, no quedando exentas las cláusulas sociales y ambientales, que podrían ser suprimidas en cualquier momento.
El nudo de la polémica
El mayor escollo, sin duda, puede verse en el Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS), un mecanismo basado en unos cortes de arbitraje especiales para que los inversores extranjeros puedan demandar a los Estados y dirimir los conflictos sin pasar por los tribunales ordinarios de cada país.
Según la Comisión Europea, el objetivo de este sistema es la protección de los inversores extranjeros de un trato discriminatorio o injusto de parte de las administraciones, en referencia a permisos, licencias o promesas de funcionarios de gobierno, poniendo en riesgo sus proyectos, con lo que se les ofrece un recurso legal.
Lo que sus detractores denuncian, es que las grandes empresas podrán reclamar millones de euros en concepto de compensaciones siempre que lo consideren un lucro cesante o frenar reformas encaminadas a la protección del medio ambiente o a garantizar estándares laborales.
En 2015, la empresa canadiense Edgewater anunció su intención de exigir una indemnización a España, tras la negativa de las autoridades gallegas a abrir una mina de oro en Corcoesto, en el municipio de Cabana de Bergantiños, A Coruña.
La compañía, con una filial promotora del proyecto en la zona, Mineira de Corcoesto, cuya sede está en Panamá, avisa que, de no recibir compensación por las pérdidas de inversión y oportunidad, acudirá al tribunal de arbitraje previsto en el acuerdo bilateral entre ambos países, el conflicto aún sigue en curso esperando la resolución.
Diana González, alumna del Máster en Gestión del Medio Ambiente de IMF Business School.
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